FeSP-UGT traslada las demandas del sector educativo a la ministra Isabel Celaá

El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, y la secretaria del Sector de Enseñanza, Maribel Loranca, mantuvieron en el día de ayer un encuentro con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, a quien han trasladado las principales reivindicaciones del sindicato en el ámbito educativo. También han estado presentes en la reunión el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los responsables de los Sindicatos de Pública y Privada, Marisa Vico y Jesús Gualix, respectivamente.

En el encuentro, enmarcado en la ronda de conversaciones que la ministra está teniendo con los responsables de las organizaciones más representativas del sector educativo, FeSP-UGT ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de derogar la LOMCE y de sustituirla por una nueva ley basada en amplios acuerdos, con vocación de estabilidad y que sí dé respuesta a los verdaderos problemas del profesorado y del alumnado.

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A juicio del sindicato, es necesario que, una vez que el Gobierno apruebe el proyecto de ley y se inicie su trámite parlamentario, los partidos políticos se esfuercen por alcanzar un acuerdo de mínimos que consiga dar estabilidad al sistema educativo. FeSP-UGT estará atento a este proceso y velará por que se recojan sus propuestas.

Además de exponer la necesidad de que el gasto público en educación alcance el 5% en 2023, como primer paso para llegar al 7%, Julio Lacuerda y Maribel Loranca han demandado la apertura de las Mesas de negociación de la Enseñanza Pública y de la Privada, puesto que, a juicio del sindicato, este es ya el momento del profesorado y de la recuperación de las condiciones socio-laborales arrebatadas durante la crisis económica.

FeSP-UGT considera que el Gobierno debe poner en marcha un conjunto de medidas que contribuyan a lograr una mayor motivación por parte del colectivo docente, así como un mejor reconocimiento social. La recuperación del poder adquisitivo, la reducción del número de estudiantes y grupos asignados a cada profesor y la disminución de la carga lectiva han sido otros asuntos planteados. 

La negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, que debe regular asuntos como el ingreso a la profesión, una adecuada carrera profesional o el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada a partir de los 60 años, ha sido igualmente objeto de análisis en el encuentro con la ministra, a quien se le ha trasladado también la urgencia del sindicato por dar una solución al profesorado interino.

Por otra parte, es necesario empezar a negociar un nuevo real decreto de conciertos educativos, para sentar las bases de la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores en cuanto a homologación retributiva y jornada.

FeSP-UGT considera que esta legislatura que arranca ahora debe suponer un compromiso real con la Educación, para que esta se convierta de verdad en una prioridad de Estado.

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