Cada vez que se plantea
un cambio legislativo en educación, se agita socialmente la bandera de
la oposición frontal, la crispación, la hipercrítica y la falsedad sobre
determinados temas, divergencias, que en 40 años de consenso alcanzado
en el artículo 27 de Constitución, no se han conseguido resolver.
En primer lugar, hemos de recordar que la LOMCE fue un fracaso antes de
nacer. No puede prosperar una ley que nunca contó con el apoyo de
expertos, profesionales, estudiantes, ni familias. El PP estuvo solo,
con un único apoyo político, el suyo. ¿Cómo pueden argumentar ahora que
este proyecto de ley nace sin consenso, cuando hay un acuerdo firmado
por los grupos parlamentarios, salvo ellos, para derogar la LOMCE,
cuando la comunidad educativa salió a la calle en múltiples ocasiones
para pedir su paralización y derogación?
En segundo lugar, sorprende también la crítica de los Consejeros de
educación del PP -y debería sonrojarles- a la falta de participación de
las Comunidades autónomas. Sin embargo, la reforma ha sido abordada en
Comisión General y Conferencia Sectorial, y todas las CCAA han realizado
aportaciones, excepto las del PP, más interesadas en titulares y
falsedades que en hacer los deberes y aportar con propuestas
constructivas a la mejora de la educación.
En tercer
lugar, a este proyecto de ley se le atribuye rebajar el nivel educativo.
Sin embargo, son muchas y poderosas las razones que avalaban y avalan
una oposición generalizada a la LOMCE y a sus itinerarios segregadores.
Hoy, tristemente se pueden ver sus efectos perniciosos. Frente a ellos,
esta ley recupera un sistema educativo comprensivo -avalado por informes
internacionales-, puesto que una titulación única permite la extensión
de las tasas de titulación y de escolarización en niveles post
obligatorios, por tanto mayores posibilidades de ampliar cualificaciones
para nuestros jóvenes.
La cuarta falsedad,
fácilmente desmontable, es que esta ley va incrementar el fracaso
escolar y el abandono escolar que había logrado reducir la LOMCE, un
mantra que se basa en las nuevas condiciones introducidas para la
repetición de curso. La evidencia estadística indica que con la LOMCE se
ha incrementado en casi 4 puntos la tasa de fracaso escolar y se ha
alcanzado una tasa de repetición del 37%, 16 % en educación primaria.
Ante estos datos, es evidente que nuestro sistema educativo no se puede
permitir ese porcentaje de repetidores, alumnos que se alejan de la
educación, que se desmotivan y que, en un porcentaje elevado, acaban
abandonando sus estudios.
Hemos de reconocer la
dificultad para resolver tensiones cuando determinados sectores
políticos alimentan la crispación con una defensa de privilegios
falsamente atribuidos por la Constitución española. Aquí nos encontramos
con el quinto mantra, el falso ataque a la libertad de enseñanza, pero
la libertad de enseñanza no está, ni tiene porqué estar asociada a la
"demanda social". La Constitución recogió el derecho a la libertad de
enseñanza pero también señala que "son los poderes públicos los que
deben garantizar el derecho a la educación mediante una programación
general", que incluye la potestad para crear centros. Por tanto, un
concierto educativo no depende de la demanda concreta de una parte, sino
de la planificación de los recursos públicos. La ley que deroga la
LOMCE no ataca la libertad de enseñanza, como algún sector interesado se
obstina en repetir, sino que pone límite a ciertos excesos introducidos
en la LOMCE y que han roto el equilibrio que debe existir entre la
educación pública y la concertada. La nueva ley refuerza y restituye el
derecho a la educación seriamente debilitado por la LOMCE.
La sexta falsedad difundida es que esta ley elimina el derecho a
recibir enseñanza religiosa. La asignatura de religión no desaparece del
currículo, pero sí su valor académico para el expediente del alumno
como era la norma antes de la LOMCE. Sin embargo, se recupera el derecho
y la obligación de todos los alumnos a cursar una formación en
principios democráticos de convivencia, en derechos y libertades
fundamentales como recoge la Constitución Española y que la LOMCE
restringió al obligar a elegir entre educación en valores o religión.
El séptimo falso argumento lanzado al debate educativo es que la nueva
ley anula el papel de los padres en la educación de sus hijos.
Precisamente, esta reforma fortalece la participación efectiva de la
comunidad educativa, y esto incluye a los padres y madres, que volverán a
tener su papel en los consejos escolares, órganos de participación
educativa que la LOMCE convirtió en órganos meramente consultivos, y que
pasarán nuevamente a recuperar su papel decisorio junto con el modelo
de educación democrática, básica en nuestra sociedad. Pero también hemos de recordar que, además de los derechos de los
padres, existen los derechos de la infancia, que nunca deben ser
olvidados. La reforma legislativa recoge la obligación del Estado de
asegurarlos, reconociendo el interés superior del niño, su derecho a la
educación, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989.
Nada más lejos de la
verdad que el octavo argumento alimentado por ciertos sectores
disruptivos: "Se rompe la homogeneidad del currículo, los contenidos
escolares cambiarán hasta un 45% en función de la comunidad autónoma".
Muy al contrario, la futura ley simplifica el lío de asignaturas de la
LOMCE para tranquilidad de alumnos, profesores (se evita la referencia a
los estándares de aprendizaje) y familias y se rompe con la jerarquía
de materias (troncales, específicas y de libre configuración
autonómica), que ha permitido que hoy en día los alumnos puedan
promocionar y llegar a 3º de ESO hasta con 8 materias suspensas, pero
que al llegar a 4º, todas las materias cuentan. Será esta nueva ley la
que restablecerá una mayor homogeneidad en el currículo. La LOMCE rompió
el equilibrio establecido en las leyes anteriores que atribuían a la
Administración central un 55% de las competencias curriculares en el
caso de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y un 65% en el
resto.
El noveno y falso argumento que se repite es
que el castellano está "en peligro". La reforma de ley recoge con
absoluta garantía que los alumnos y alumnas reciban las enseñanzas en
castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas
cooficiales en sus respectivos territorios. La ley recoge el espíritu
del artículo 3 de la Constitución y obliga a que al finalizar la
educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán comprender y
expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en
su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
Finalmente, la décima falsedad es que esta ley no es una vuelta al pasado. Esta ley cumple con el
objetivo de derogar la LOMCE, compromiso adquirido por el actual partido en el gobierno. Pero es evidente que un cambio legislativo no puede basarse
en retornar al pasado, sino que debe actualizar normativa y poner las
bases para mirar hacia el futuro, construyendo entre todos y todas la
educación que queremos y necesitamos en España para el siglo XXI, y eso
es precisamente en lo que también consiste esta nueva ley.
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