¿Por qué y para qué un Pacto de Estado por la Educación?

Ya en mayo de 1996, desde UGT se planteaba el Pacto por la Educación como un reto de futuro. Más de veinte años después consideran que sus propuestas, como garantizar una financiación adecuada, mantener el carácter homologable y solidario del sistema educativo a nivel de Estado y considerar la educación como un objetivo prioritario con alto valor estratégico, siguen teniendo vigencia.

En 1995, en el número 58 de nuestra revista «Trabajadores de la Enseñanza», FETE-UGT defendía ya la necesidad de que, tras un debate sosegado, se buscara el consenso político y social que permitiera alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. Las leyes educativas de los años 80 y 90 inspiradas por los sucesivos gobiernos socialistas cambiaron sustancialmente la estructura del sistema educativo español, sentaron las bases de la participación de los distintos agentes de la Comunidad Educativa en la vida de los centros escolares y articularon su gobernanza. 

Eran los años en que había que desarrollar normativamente el artículo 27 de la CE de 1978. Además, la LODE, primera de esas grandes leyes, en 1985 pretendió, entre otras cosas, dejar zanjado el debate de la coexistencia de las distintas redes que prestan el servicio educativo en nuestro país: pública, privada concertada y privada. No es cuestión baladí recordar que ninguna de estas leyes contó con el apoyo de la derecha política representada en su día por Alianza Popular y después, por el Partido Popular.

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Viñeta de Quique
Los problemas en la implantación de la LOGSE, la insuficiencia presupuestaria, el descontento de los trabajadores y trabajadoras por sus condiciones laborales y salariales, la inestabilidad política y el cambio de gobierno reforzaron, en 1996, la idea de nuestro sindicato de que se debía propiciar el Pacto, máxime cuando se estaba en un proceso de transferencias educativas que podía llevar a 17 sistemas educativos diferentes. Ya en mayo de ese año, planteamos el Pacto por la Educación como un reto de futuro. Nuestra propuesta exigía garantizar una financiación adecuada, mantener el carácter homologable y solidario del sistema educativo a nivel de Estado y considerar la educación como un objetivo prioritario con alto valor estratégico de cualquier gobierno. 

Más de veinte años después, nuestras propuestas siguen teniendo vigencia. De lo acontecido desde 1996 en el ámbito educativo, se ha escrito sobradamente, pero es justo reconocer que el único intento serio de alcanzar un Pacto Educativo se produjo en 2010 con Ángel Gabilondo al frente del Ministerio de Educación. Fue la primera vez que un gobierno planteó un documento concreto para el debate. El ministro intentó el acuerdo con las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales y los representantes de la comunidad educativa. A nuestro juicio, se perdió una oportunidad para estabilizar el sistema educativo, alcanzar un acuerdo (aunque fuera de mínimos) y desarrollar políticas educativas que dieran respuesta a los nuevos retos de la educación. 

Con la aprobación de la LOMCE en 2013, el PP impone merced a su imponente mayoría parlamentaria, su visión de la educación: regresiva, segregadora y selectiva, subordinando los principios de comprensividad, inclusividad y equidad de la escuela española a una defensa a ultranza de la Libertad de Enseñanza que automáticamente, en muchos casos, se convierte en la defensa de la libertad de selección del alumnado por parte de los centros. Eso sí, a ser posible, sufragada con fondos públicos. Pocas leyes han tenido más contestación en la calle. 

En 2017, la composición del Congreso de los Diputados obliga al PP a «hacer de la necesidad, virtud» y se constituye por acuerdo de distintos grupos una Subcomisión Parlamentaria con el fin, una vez más, de conseguir un pacto. Del escaso interés por alcanzarlo hay suficientes muestras en las actuaciones del propio Ministerio de Educación y del partido que sustenta al Gobierno. La última y no menos importante, es el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que en estos momentos, está en trámite parlamentario: el 3,81% del P.I.B como presupuesto de Educación. Un porcentaje que nos hace retroceder a principios de los años 90 del siglo pasado. Eso, en pleno debate de la citada subcomisión y después de los brutales recortes sufridos con motivo de la fuerte crisis económica.

Desde la UGT, seguimos defendiendo un Pacto Político, Social y Territorial cuyas condiciones mínimas deben pasar por lo siguiente: financiación adecuada del sistema educativo que debe partir al menos, del 5% del P.I.B hasta llegar a un 7%; la Educación como servicio público; la implantación generalizada del tramo 0-3 con carácter educativo, gratuito y con oferta pública suficiente. Además de contener medidas para reducir el fracaso y el abandono escolar, las necesidades de la enseñanza post-obligatoria y el impulso a la Universidad pública. 

Maribel Loranca Irueste, Secretaria de Enseñanza FeSP-UGT
Maribel Loranca, Secretaria de Enseñanza FeSP-UGT

Asimismo, sería conveniente establecer los mecanismos necesarios que garanticen un fondo de solidaridad interterritorial que cohesione y vertebre el sistema educativo, con el fin de que el alumnado de cualquier parte de España reciba una educación de calidad. 

A estas alturas, el Pacto está dinamitado en el ámbito político. Nunca se ha puesto en marcha el foro de negociación en el ámbito social. La participación de la comunidad educativa se ha pretendido sustanciar con la comparecencia de sus representantes en la Subcomisión de Educación. Cuando se dice que el profesorado es el motor del cambio y no se cuenta con sus representantes y cuando tampoco se tiene en cuenta a las organizaciones estudiantiles ni a las confederaciones de madres y padres, ¿de qué Pacto por la Educación estamos hablando? 

Desde algunas instancias, se ha puesto más en valor el mero hecho de alcanzar un acuerdo que su contenido. El Pacto no es, a nuestro juicio, un fin en sí mismo sino un valioso instrumento que debería hacernos avanzar en la mejora de nuestra educación para conseguir una sociedad mejor. En ese camino, siempre va a estar la UGT. Como lo viene haciendo desde finales del siglo XIX.

Artículo de Maribel Loranca Irueste, Secretaria del sector de Enseñanza de FeSP-UGT, en la revista. Cuadernos de Pedagogía, nº 488, abril-mayo 2018

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