Enseñanza FeSP-UGT realiza un análisis detallado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre centros con financiación pública que segregan por sexo

La coeducación y la separación por sexos del alumnado, en relación con la autonomía de los centros escolares y el derecho a la educación en libertad (Art. 27.1 y 27.6 CE), es una discusión de política educativa que ha surgido con frecuencia, con partidarios y detractores que han manifestado siempre posiciones encontradas al respecto.

En esta polémica se suele prestar atención a los responsables de los centros en los distintos niveles educativos, particularmente en la enseñanza privada concertada, pero poco a los pedagogos y la doctrina científica.

Durante la tramitación de la Ley Orgánica de Educación, LO 2/2006, de 3 de mayo (LOE), FeSP-UGT Enseñanza (entonces FETE-UGT), propusimos que se estableciera con total claridad la obligación de la coeducación en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Pero en los últimos años ha surgido, con cierta virulencia, un movimiento decimonónico (o que podríamos situar en la primera mitad del siglo XX)  que pretende justificar la legitimidad de los centros segregadores del alumnado por sexo. Así, algunos centros privados concertados vinculados al Opus, entidades ultraliberales o sus patronales defienden instaurar la enseñanza separada por sexos en los niveles educativos anteriores a la Universidad.


Como sabéis, a propósito de la infausta LOMCE, el Tribunal Constitucional ha dado su aval a que los centros que segregan a su alumnado por sexo reciban financiación pública. Desde el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, hemos defendido y defendemos que esta separación supone una modalidad de discriminación, que si bien no la contempla el artículo 27 de la Constitución Española relativo al derecho a la educación, sí se puede deducir de los artículos 14 y 9.2 de la misma. En este boletín de lectura más que amena y clarificadora, que puedes descargarte, nuestro compañero Joaquín Chávarri analiza la sentencia.

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