La LOMCE, una ley a derogar
Lamentablemente en los últimos meses está girando la
crítica y denuncia de la LOMCE en exclusiva en torno al rechazo de las
reválidas. Sin lugar a dudas, estas no tienen en cuenta el entorno del
aprendizaje del alumnado, invaden competencias transferidas a los
distintos territorios del Estado español, son evaluaciones externas que
elabora el MEC, constituyen una carrera de obstáculos para la titulación
del alumnado y ningunean la labor docente al despreciar e ignorar la
evaluación continua y el seguimiento diario que hace el profesorado de
su alumnado en y fuera del aula. Aún así, se debería desplegar el
abanico y retomar la necesidad de derogar la LOMCE, porque no garantiza
ni el derecho universal a una educación pública de calidad, democrática y
laica ni el principio de igualdad de oportunidades.
La LOMCE conlleva la privatización de la Educación. El Estado español se
compromete a programar las enseñanzas, pero no a su financiación. Las
ofertas de plazas –públicas o privadas- es responsabilidad o a
iniciativa de la Administración autonómica o de centros e instituciones
privadas. Se consagra el principio de libertad de elección de enseñanza y
de centro para las familias. La Consejería de Educación está obligada a
financiar a un centro privado, tanto si este acredita tener suficiente
alumnado como si un ayuntamiento aprueba en su municipio la licencia
para la construcción en suelo público de un centro educativo privado; la
LOMCE amplia la duración de los conciertos y los extiende a nuevas
etapas como al Bachillerato o la FP; se contemplan como etapas
obligatorias solo desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO.
¿Dónde queda el carácter público de la Educación?
La LOMCE obliga al alumnado a los trece o catorce años a la elección de
un itinerario que sellará su futuro profesional y laboral a una edad
temprana. Estas distintas vías provocan una segregación del alumnado. Se
regulan trayectorias distintas a una edad donde aún no se tiene
capacidad de decidir, cuando además en la actualidad no son itinerarios
con el mismo reconocimiento y la misma valoración social. Igualmente
sucede con las materias que enaltece la LOMCE y con las otras que
menosprecia y orilla, como es la Filosofía y todo lo que está
relacionado con la Educación Artística.
Y he aquí una constatación que
demuestra que esos trayectos diferentes segregan al alumnado: la
sociedad actual no es igualitaria y existen diferentes capas sociales
con desigualdades económicas, sociales, y culturales. El punto de
partida de los destinatarios de la Educación pública no es igual y
reclama que la Educación tenga un carácter compensador de dichas
desigualdades. La LOMCE no contempla ningún mecanismo corrector,
arrastrando el alumnado desventajado sus desajustes en el aprendizaje y
su biografía hasta la ESO -el momento de elección de su futuro a través
de los itinerarios- y sin atención a la diversidad ni medidas para
afrontar los desajustes y las carencias en el aprendizaje.
La Formación Profesional ha de ser dignificada y valorarse su
titulación igual que un estudio universitario. No es de recibo que la
LOMCE contemple la FP Básica con una duración de dos cursos académicos y
el alumnado no obtenga ni tan siquiera la titulación de la Secundaria.
La LOMCE elimina la democracia participativa en
los centros educativos. Vacía de toda capacidad decisoria a los consejos
escolares y a los claustros, convirtiendo al director o directora de un
centro como el máximo y único responsable de todos los recursos
humanos, materiales y financieros. El director/a es considerado como el
representante de la Administración en su centro educativo. No representa
a la comunidad educativa y no es elegido por el consejo escolar.
Este curso académico 2016/17 ha comenzado con la completa aplicación de
la LOMCE, salvo en lo relativo a las reválidas. Rechacemos la
implantación de las mismas, pero sin olvidar que la LOMCE ha de ser
derogada. Por el bien de nuestros hijos e hijas, por el bien del
conjunto de la ciudadanía.
Artículo de Silvia R. Court en eldiario.es: "La LOMCE, una ley a derogar"
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