Tras unos meses de calma chicha, la presentación de la prueba de final de Bachillerato y Secundaria, las llamadas reválidas, ha terminado de romper la baraja educativa.
Las cinco Comunidades Autónomas que no gobierna el PP dejaron plantado
al ministro, José Ignacio Wert. El diseño de la prueba, tipo test con
350 preguntas, ha soliviantado a los Ejecutivos regionales de Andalucía,
Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias. También a buena parte de la
comunidad educativa. Y ha venido a acentuar un aspecto que muchos
expertos educativos le critican al ministro desde que tomó posesión:
entre su discurso y sus actuaciones hay un mundo.
"El
diagnóstico lo hace bien, las recetas no tanto", coinciden a menudo
catedráticos y sindicalistas. Estos son algunos ejemplos.
Hay que "saber hacer", pero exámenes de memoria
Uno de los principales campos de batalla de Wert ha sido implementar en
España el aprendizaje por competencias al estilo de que lo que preconiza
PISA. El paso del "saber" al "saber hacer", dejar atrás los
aprendizajes memorísticos que, según su argumentario, tanto daño hacen
al sistema educativo. Pero luego el ministerio diseña una prueba de
final de ciclo tipo test, que la comunidad educativa ha rebautizado como
reválidas, en las que prima todo lo contrario, según los expertos
consultados.
"Hay competencias que son imposibles de
evaluar con este método", señala Luis Rodríguez, coordinador del grupo
de trabajo de acceso y orientación al estudiante de Runae. "Se puede
limitar la preparación del examen a hacer test ad infinitum hasta que
los estudiantes se aprenden de memoria todas las posibles variaciones de
un tema", añade. "Se predica una cosa pero no se da trigo", coincide
Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.
"Se explica que se evalúa el 'sentido crítico' o 'desarrollar un tema'
pero se pone una pregunta tipo test", se extraña.
"La repetición es una lacra", pero se ponen obstáculos
En repetidas ocasiones José Ignacio Wert, ha sostenido que la
repetición es "una lacra" que le cuesta al Estado 7.000 euros por alumno
repetidor para un total de 24.000 millones de euros.
En España, cuatro de cada diez alumnos de menos de 15 años (un 40%) ha
repetido algún curso. Su medida estrella para combatirlo es una prueba
diagnóstica en 3º de Primaria con la que se detectarán, supuestamente,
las debilidades o necesidades de los alumnos para corregirlas.
Pero a la vez introduce una prueba que otorga el título a final de
Bachillerato y Secundaria. Y, señalan los expertos, introducir un examen
que marca tanto la etapa educativa (si no se aprueba ese examen no se
obtiene el título) no a ayudar precisamente a reducir la repetición, a
poco que algún estudiante lo suspenda. Además, a quien le pase esto
quedará en un limbo. Habrá superado el curso escolar pero no podrá
avanzar a la siguiente etapa porque no tendrá el título. Como una
repetición simulada y en diferido.
Autonomía en los centros, como diga Madrid
Ha sido durante toda la legislatura uno de los mantras con los que
educación justificaba la necesidad de una nueva ley, apoyándose en las
indicaciones al respecto que realiza la OCDE, los nuevos gurús
educativos, para mejorar los resultados. "Una de las piedras angulares"
de la reforma es que los centros educativos tengan más autonomía, explicó hace unos meses el ministro.
Pero luego la LOMCE hace todo lo contrario. Por un lado, la ley Wert ha
entrado a un nivel de detalle en los currículos escolares básicos que
realiza el ministerio inédita hasta ahora. "Solo le falta decir a los
profesores qué camisa se tienen que poner", exponía Vicente de Felipe,
presidente de Ancaba, la asociación nacional de catedráticos de
instituto. Por otro, el diseño de las pruebas de final de etapa, de
nuevo, centralizado y diseñado de Madrid, va a generar una
homogeneización de estos currículos, uno de los principales argumentos que esgrimieron las Comunidades Autónomas disidentes para expresar su rechazo a estos exámenes.
Por último, la LOMCE otorga poderes casi plenos a los directores al
establecer el carácter meramente consultivo de los Consejos Escolares,
donde están representados profesores, familias, etc. Una autonomía mal entendida y contraproducente, según el responsable máximo de PISA, Andreas Schleicher.
Menos abandono temprano, sin un euro de inversión
Una –si no la gran– lacra del sistema educativo español. Uno de cada
cinco jóvenes (22%, según el dato de marzo de 2015) de entre 18 y 24
años abandona los estudios de forma prematura, según Educación. Muchos
de ellos alimentarán la estadística de ninis.
El Ministerio es consciente del problema que supone. "Toda la reforma educativa está dirigida a reducir el abandono temprano", sostiene Wert. Pero en cinco años de presupuestos se ha cargado la partida destinada
a educación compensatoria, esos fondos destinados a apoyar a los
alumnos con más dificultades, los que provienen de entornos sociales
desfavorecidos y necesitan los refuerzos. Los (pre)destinados a
abandonar el sistema. El recorte en profesorado también se ha cebado con
los desdobles, refuerzos, etc.
Y de nuevo la
reválida. El porcentaje de alumnos que la suspenda (alto o bajo, está
por verse) quedará en un limbo con pocas opciones: esperar un año (en
blanco) para examinarse de nuevo u olvidarse del tema parecen sus
opciones.
Todo para el profesor, pero sin el profesor
Los docentes serán quienes dirijan la el cambio educativo,
sostenía Wert, haciendo bueno sobre el papel el principio de que un
sistema educativo nunca será mejor que los docentes que impartan clase
en él. Pero los fondos para la formación de profesores han caído hasta
casi la desaparición. El Ministerio no ha contado con nadie para
elaborar la LOMCE, no ha preguntado a los sindicatos de un signo u otro.
Ni para la norma general ni para ninguno de sus desarrollos.
También ha implementado las pruebas externas, que desde el sector y las
Comunidades díscolas (Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y
Canarias) se interpreta como un desprecio al trabajo de los docentes. E
intentó eliminar de facto las especialidades docentes, por las que un
profesor de Secundaria solo puede impartir ciertas materias acordes a su
formación. Este ha sido probablemente el único gran triunfo de los
opositores a la ley en cuatro años. El Ministerio retiró el proyecto por la catarata de críticas y la enorme presión que recibió.
"La universidad es insostenible", y la vacía de fondos
La saliente número dos de Educación, Montserrat Gomendio, no se ha
cansado en los últimos meses de afirmar que el actual modelo
universitario español, en el que la financiación corre básicamente a
cuenta de las administraciones públicas y las tasas de matrícula de los
alumnos en menor medida, no se aguanta. Que las tasas son demasiado
baratas y los centros necesitan buscar financiación externa. En este
sentido, resultó coherente que permitiera a las Comunidades elevar el
precio del crédito al estudiante.
Pero quizá no se
sostiene tanto decir que la universidad es insostenible y a continuación
recortar los fondos que se destinan a ella. Hasta 1.500 millones han perdido
los 50 centros públicos de España en cuatro años... O
lamentar la baja productividad investigadora y su poca presencia
internacional a la vez que recorta un 15% los fondos para I+D+i y un 45% el presupuesto del plan nacional.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es: "Las seis contradicciones de Wert: defiende una idea y legisla la contraria"
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