Cinco comunidades plantan a Educación por la nueva Selectividad
Cinco Comunidades Autónomas han solicitado al Ministerio
de Educación que retire el proyecto de Real Decreto que regulará las
pruebas de evaluación de final de etapa —las llamadas reválidas—, entre
ellas la de final de Bachillerato que sustituirá, en un principio, a la
Selectividad. Según el proyecto de Real Decreto que maneja el
departamento que dirige José Ignacio Wert, la prueba de evaluación de
final de Bachillerato será tipo test y constará de 350 preguntas. Todas
las comunidades que no gobierna el PP —que suman casi la mitad del
alumnado en España— han rechazado al modelo propuesto y así se lo han
hecho ver al ministro en la cita justo antes de levantarse de la mesa.
"Invade competencias de las Comunidades Autónomas, supone una
desconfianza en el trabajo del profesorado, no se sabe quién va a
pagarlo ni a costa de qué...", adelantaron los consejeros de Educación
de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias. En la reunión,
cuando aún no se había comenzado con el primer punto del orden del día,
el consejero canario ha leído un papel en nombre de los cinco
disidentes, se han levantado y se han marchado de la cita. "Nos negamos a
asistir como meros espectadores al continuo desprestigio al profesorado
y la devaluación constante de las competencias de la autonomía que
persigue la LOMCE", explicó José Miguel Pérez, el consejero canario.
Las Comunidades restantes, del PP, y el Ministerio de
Educación han calificado el plante de "falta de respeto" y han hecho
hincapié en que no es modo de plantear un diálogo abandonándolo. "Piden
que se dialogue pero algunos solo quieren ser escuchados", ha afirmado
tras la reunión el consejero castellanomanchego, Marcial Marín, en
nombre de los 12 gobiernos regionales que se han quedado. Aluden también
a motivos electoralistas, con las municipales y autonómicas a un mes
vista.
El ministro afirmó tras la reunión que es
"materialmente" imposible retirar los decretos porque forman parte del
desarrollo normativo de la LOMCE y "no es susceptible de ser
modificado". Además, según Wert, la prueba de final de ciclo es un
ejemplo de "transparencia, un elemento que garantiza la homogeneidad y
una garantía de que se cumplen los objetivos".
En la
Conferencia Sectorial, a 18 bandas entre el Ministerio y los 17
consejeros autonómicos, también se ha tratado el nuevo decreto que fija las cuantías y nivel de renta
para acceder a una beca el próximo curso. Las regiones disidentes
también protestan por un sistema que, afirman, ha dejado fuera a muchos
alumnos de los que se han tenido que hacer cargo los gobiernos
regionales. El decreto para el nuevo curso es un calco del que se aplicó
el año pasado y por el que Educación ya sufrió un gran desgaste porque
baja las cuantías medias que perciben los becados y aumentó la exigencia
de nota (hasta un 6,5) para mantener las ayudas. Wert afirmó sin
embargo que para este año la media ha subido 100 euros, aunque no aportó
más cifras.
Dos exámenes a cambio de uno
El proyecto de Real Decreto de Educación regula las pruebas de final de ciclo
de Primaria, ESO y Bachillerato, las conocidas como reválidas. Según el
borrador, el grueso de los exámenes de ESO y Bachillerato tendrá
formato test con cuatro posibles respuestas por cuestión y constarán de
350 preguntas divididas en tres bloques. El primero, con un máximo de
200 cuestiones, es para las materias troncales. El segundo, 100
preguntas, para las optativas, y el tercero (50), para las específicas
elegidas por el alumno. Se elimina por tanto la respuesta abierta y
elaborada excepto en el caso de la expresión oral, que sí la mantiene
según explicó Educación. La nota obtenida en este examen —hay que
superar el cinco para aprobar— supondrá un 40% de la nota final del
alumno de Bachillerato (la que cuenta para acceder a la universidad), el
mismo peso que tiene actualmente la Selectividad. La primera edición
será el curso 2016-17, pero en esa ocasión no será imprescindible para
obtener el título aunque sí computará para acceder a la universidad.
Las pruebas serán diseñadas por el Ministerio de Educación excepto la
parte de las lenguas cooficiales allí donde las haya, pero aplicadas (y
costeadas, con toda probabilidad) por las Comunidades Autónomas. Este
elemento ya ha sido cuestionado por algunos expertos educativos, que
cuestionan la viabilidad de que desde Comunidades como Cataluña o el
País Vasco se acepte con naturalidad una prueba realizada en Madrid y
que además tengan que pagar ellos. El decreto también establece que el
examen será evaluado por personal externo a los centros. Educación
pretende igualmente que las pruebas se realicen a la vez en toda España.
Las cinco Comunidades discordantes creen que el sistema es un
despropósito cuyo objetivo real es controlar la educación desde Madrid.
"Volvemos al examen único para todos. El objetivo es uniformizar y
centralizar para en último caso controlar", sostuvo la viceconsejera
vasca, Arantxa Aurregoetxea. Según los cinco representantes regionales
lo que Wert quiere es controlar cómo se implanta el curriculum del
Gobierno en el conjunto del Estado, "sin valorar las aportaciones de las
Comunidades", y señalaron que el proponer un examen tipo test no se
piensa en evaluar competencias sino conocimientos memorísticos. Además,
los cinco lamentaron la falta de diálogo del ministerio —"no podemos
hablar en las reuniones"—, y varios de ellos recordaron que han
recurrido la LOMCE ante el Tribunal Constitucional por invadir sus
competencias, con estas pruebas como uno de los elementos centrales.
Las pruebas de la ESO y Bachillerato serán imprescindibles para obtener
el título de la etapa (no la de Primaria) y la de Bachillerato además
sustituirá a la actual Selectividad como prueba de acceso a la
universidad. Esta medida fue muy criticada en su momento por la
comunidad educativa, con los rectores a la cabeza, por considerar que la
Prueba de Acceso a la Universidad (nombre oficial de la Selectividad)
imponía condiciones similares en toda España y homogeneizaba los
temarios.
¿Habrá clasificaciones de colegios?
La LOMCE, además de suprimir la PAU por ser una "anomalía" a nivel
europeo, según Wert, deja abierta la puerta a que las universidades que
así lo deseen puedan realizar también sus propias pruebas de acceso en
paralelo, hecho que los rectores rechazan con argumentos tan simples
como que a un alumno puede no darle tiempo material a desplazarse entre
universidades si quiere optar a más de una o por romper la equidad al
exigir al alumno recursos si quiere estudiar en otra Comunidad y
necesita desplazarse previamente para pasar este test.
Otro de los elementos cuestionados es que, según el borrador, "los
resultados de las evaluaciones serán puestos en conocimiento de la
comunidad educativa mediante indicadores comunes para todos los centros
docentes (...) previa consideración de los factores socioeconómicos y
socioculturales del contexto". En otras palabras: se harán
clasificaciones de centros, un elemento que profesores, sindicatos
educativos y familias rechazan porque estigmatizan a los que tienen
peores resultados por causas quizá extra académicas. "La prueba no tiene
finalidad educativa, de mejorar el sistema y aprender", resumió la
consejera asturiana, Ana González.
Las comunidades
que se han levantado de la mesa consideran que el diseño del examen, con
preguntas tipo test, vuelve a "la noche de los tiempos" y que no medirá
las competencias de los alumnos sino que supone un modelo
"memorístico". El ministro Wert ha rechazado tal cuestión, ha explicado
que el hecho de que se haya elegido este formato no implica que se midan
conocimientos sino el "saber hacer", y ha recordado que PISA se realiza
con el mismo método y es una prueba que mide competencias.
Uno de los elementos más graves, en opinión de los consejeros de estas
Comunidades, es que el diseño de la prueba invade las competencias
autonómicas. "El Gobierno vasco quiere y debe participar en el diseño en
el diseño de las políticas, no sólo ejecutar", explicó la viceconsejera
vasca de Educación, Arantxa Aurregoetxea. Además, se temen que el
motivo para realizar estos exámenes con el formato de un test es para
abaratar costes (se pueden corregir en máquinas).
Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es: "Cinco comunidades plantan a Educación por la nueva Selectividad, que será tipo test y con 350 preguntas"
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