La LOMCE como consolidación del Thatcherismo educativo
Cuando Margaret Thatcher se convirtió en Primera
Ministra de Gran Bretaña en el año 1979, llevó a cabo lo que algunos
analistas educativos británicos llamaron la “modernización conservadora”
en educación. Margaret Thatcher fue previamente Ministra de Educación
entre 1970 y 1974, pero fue siendo Primera Ministra cuando consolidó una
verdadera revolución en la forma de diseñar, implementar y gestionar
las políticas sociales y la política educativa
en particular. La modernización conservadora combinó, entre varias
reformas, el back to basics (el énfasis en el conocimiento instrumental)
como reacción a la “frivolidad” igualitarista de los gobiernos
laboristas, con una apuesta clara por políticas de privatización exógena
y endógena de la educación. Favoreció por ejemplo políticas que
permitieran un mayor acceso de los alumnos desfavorecidos a escuelas
privadas y, sobre todo, apostó por políticas de liberalización tanto de
la demanda educativa (con mayor libertad de elección) como de la oferta
escolar (a través de sistemas que otorgaban mayor autonomía de gestión
económica y pedagógica a las propias escuelas a la vez que mayores
exigencias en la rendición de cuentas). La modernización conservadora se
caracterizó pues por una combinación de ingredientes ideológicos
neoconservadores y neoliberales, una combinación a priori contra natura.
Un modelo capaz de hacer compatible simultáneamente elevados niveles de
intervención y control público de la enseñanza, con sistemas altamente
liberalizados de gestión escolar.
En los años en los
que Thatcher impulsaba la modernización conservadora en la educación
británica, los países del sur de Europa, como España o Portugal, estaban
embarcados por primera vez en su historia en intentar construir una
educación de masas, con suficiente calidad y apertura democrática para
escapar del oscurantismo de sus largas dictaduras. En España, la batalla
de la política educativa se situaba en la lucha entre sectores que
pretendían consolidar o terminar con los privilegios del sector privado
de la enseñanza, y en particular de la Iglesia católica. La política
educativa se dirimía entre fuerzas progresistas y conservadoras, con
poco margen para los planteamientos liberales en la gestión educativa
que no fuesen el mantenimiento de una supuesta “libertad de elección”
(sólo disponible para sectores acomodados) y sobre todo, la libertad de
creación de escuelas. Un modelo liberal, en definitiva, que no tenía
nada de neo en sus planteamientos y dirigido a legitimar privilegios
derivados del carácter subsidiario de la intervención pública. Los
intentos por construir un sistema educativo más orientado al mercado de
trabajo, definidos en la Ley General de Educación de 1970, fueron pura
retórica. Nunca se planteó una verdadera política de modernización de la
formación profesional ni se establecieron los puentes necesarios con el
sector empresarial para la reforma.
Con la puesta en
marcha de la LOMCE este curso escolar es cuando se puede adivinar la
definitiva llegada de la modernización conservadora a España. La derecha
parece no contentarse ya con simplemente mantener los privilegios de
las élites, sino que busca intervenir en el conjunto del sistema,
imponiendo mecanismos de mercado en el acceso y la gestión de la
educación y reforzando el papel regulativo y evaluador del Estado para
asegurar la supuesta calidad de la enseñanza.
Por un
lado, la ley incluye un mayor protagonismo del mercado no sólo en la
provisión de la educación sino en la misma planificación educativa. Por
primera vez vamos a tener en España una ley orgánica de educación que
manifestará explícitamente la obligación de los poderes públicos de
planificar en base al comportamiento de la demanda. El cambio es
sustancial, puesto que hasta ahora se asumía que el Estado planificaba
en base al principio de satisfacción de necesidades educativas y que el
sistema de concierto debía entenderse como mecanismo complementario y
subsidiario a la provisión pública. Esta no es la única medida
pro-mercado de la nueva ley. El gobierno central llevará a cabo
evaluaciones estandarizadas en todo el territorio español, con la más
que probable publicación de resultados para favorecer la competición
entre escuelas. La LOMCE abre también la posibilidad de aplicar fórmulas
de financiación competitiva de las escuelas basadas en los resultados
de las evaluaciones o en “acciones de calidad educativa” definidas por
los centros. La misma OCDE, a menudo invocada por el propio ministro
Wert para legitimar sus decisiones,
ha recomendado no aplicar este tipo de políticas porque no hay
evidencias de que favorezcan la efectividad escolar y sí en cambio de
que incrementen la segregación y la estigmatización de algunas escuelas.
Las políticas de mercado favorecen la selección adversa: generan
incentivos a las escuelas para seleccionar a alumnos que provienen de
entornos familiares más favorables y facilitan la concentración de los
estudiantes más vulnerables en determinados centros, normalmente de
titularidad pública.
El segundo gran cambio que incorpora la ley es el intento de liquidar
la comprensividad del sistema, es decir, la enseñanza común en
secundaria. Uno de los mayores logros de la LOGSE de 1990 fue terminar
con el sistema de doble titulación al finalizar la educación básica, el
cual daba acceso a itinerarios académicos y profesionales diferenciados.
La LOMCE, sin alterar la estructura del sistema educativo, sí modifica
los objetivos y funciones de esta etapa, al tiempo que pretende
“flexibilizar” los itinerarios de aprendizaje para llegar a un cuarto
curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) completamente
diferenciado en función del acceso a la formación profesional o al
Bachillerato. A ello deben añadirse las numerosas pruebas que los
alumnos van a sufrir desde la enseñanza primaria y que sin duda van a
determinar la ubicación de los alumnos en la jerarquía del conocimiento.
Por más que el ministro distorsione la realidad asegurando que éste es
el modelo que funciona, lo cierto es que lo que nos muestran los análisis de la propia OCDE
es que los sistemas internamente más diferenciados no son en absoluto
los de mejor rendimiento y sí en cambio los más desiguales.
Malos augurios pues respecto a los previsibles efectos de una ley que
busca modernizar a costa de la selección y la exclusión educativa.
Esperemos que a corto plazo se imponga el sentido común y el cambio
político permita rectificar una regulación que pone en jaque el mismo
interés público de la educación.
Artículo de Xavier Bonal en eldiario.es: La LOMCE como consolidación del Thatcherismo educativo
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