El (pen)último debate político antes de la implantación
definitiva de la LOMCE a partir del próximo septiembre sirvió para dejar
claro que las posturas respecto a la ley educativa del PP son
irreconciliables entre Gobierno y el resto de los partidos. "Es una
reforma sin apoyo, implantada a la carrera", le espetaron los diputados
de la oposición. Con 11 millones de votos y la mayoría parlamentaria no
se puede hablar de poco apoyo, recordó el ministro de Educación, José
Ignacio Wert.
Pero no sólo hubo reproches, también
algunas novedades. A dos meses de que la norma con la que el PP pretende
atacar el problema del fracaso escolar (está en un 23%) por fin se
conoce la financiación que tendrá, un aspecto que la oposición venía
reclamando al ministerio desde hace meses. Implantar la ley Wert costará
2.164 millones de euros hasta 2020 que pagarán entre Bruselas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Además, durante su comparecencia el ministro negó en el Congreso que Educación se esté planteando sustituir las becas por su sistema de préstamos
y abrió la puerta a que las universidades cambien el modelo actual de
carrera y grado (cuatro años más uno) por otro más en consonancia con el
entorno europeo (tres más dos). La oposición le reprochó la norma con
carácter general, deploró que las becas "hayan pasado de ser un derecho a
un premio" y expusieron sus dudas respecto a la implantación el próximo
curso de la Formación Profesional Básica.
Como el ministro José Ignacio Wert llevaba 10 meses sin aparecer
por la Comisión de Educación tenía mucho de que hablar. La primera
noticia que dejó fue que el próximo lunes informará a las Comunidades
Autónomas con detalle sobre los costes de la LOMCE, que éstas tendrán que sufragar en buena parte.
La norma, que empieza a implantarse por etapas a partir del próximo
septiembre, necesitará 964 millones de euros durante los tres cursos que
tardará (si es que llega a hacerlo) en ponerse completamente en marcha.
Este dinero saldrá fundamentalmente del Fondo Social Europeo (614
millones) y de las arcas del Estado (los restantes 350), según explicó
el ministro.
La consolidación de la norma una vez
implantada necesitará otros 400 millones de euros durante los tres
siguientes cursos, hasta 2020. Se suman estos 1.200 millones de euros
–aún por determinar cuánto va a poner cada uno– con los 964 iniciales y
el total es de 2.164 millones de euros (además del presupuesto
ordinario de Educación) en seis cursos, según los datos de Educación. "Van como pollos sin cabeza. A dos meses de empezar el curso, con la
oferta educativa cerrada, se pone a hablar de financiación. Esto es
incompetencia", le espetó el portavoz socialista, Mario Bedera.
Becas, de derecho a premio
Los mayores reproches del debate los tuvo que escuchar Wert a raíz del cambio en el sistema de becas
y algunas declaraciones controvertidas de su secretaria de Estado,
Montserrat Gomendio. Bedera resumió el pensar de muchos en la Comisión:
"Las becas han pasado de ser un derecho a ser un premio". La afirmación
se basa en el cambio de método para repartir las becas (ahora hay una
parte fija y una variable) y en la elevación de la nota mínima requerida
para optar a una.
Wert rechazó el cambio del
espíritu de la beca y ofreció números para rebatir los argumentos. "Hay
más becarios y más dinero que nunca", afirmó (823.000 personas se
repartirán 1.411 millones de euros este curso). También sostuvo que
"todo el que cumple unos ciertos requisitos económicos y académicos
recibirá una beca", que éstas "nunca han sido un derecho incondicional".
Frente a su optimismo, Bedera y la portavoz de la Izquierda Plural,
Caridad García Álvarez, lamentaron que con el cambio de sistema ahora hay un tope a repartir que antes no existía y que por tanto las cuantías han bajado.
Respecto a la polémica generada los últimos días, Wert afirmó rotundo
que "en ningún momento, desde ningún punto de vista, se ha planteado
cambiar el sistema de becas por uno de préstamos" para el nivel
universitario, matizando así a su segunda. Wert explicó que el debate
que propone el ministerio es sobre "cómo resolver el problema de financiación por
la creciente demanda de las universidades en un contexto de no
crecimiento". Según el ministro la idea es introducir "mecanismos de
ayuda para estudiantes con un mayor nivel socioeconómico" en forma de
préstamos a devolver, como ocurre en los sistemas anglosajones. El
número uno de Educación afirmó que en esta cuestión "existen diferencias
culturales importantes" y deslizó que "hay ideas arraigadas sobre la
financiación" difíciles de salvar.
"La FP Básica es un fraude estadístico"
La implantación de la FP Básica a partir de septiembre fue el otro gran
caballo de la batalla de la sesión, que se extendió durante cinco
horas. Esta nueva modalidad de Formación Profesional se ha creado como
sustituta de los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI), la hasta vía que adoptaban los estudiantes que han fracaso en
secundaria para evitar que abandonen el sistema educativo. "La realidad
es que la FP Básica no se va a implantar realmente", enmendó la
totalidad Bereda, haciéndose eco de las dudas de algunos responsables de centros.
Wert defendió que la FP Básica "no tiene el carácter radicalmente
finalista de los PCPI (sólo uno de cada ocho alcanzaba el título
secundario que se otorgaba tras un segundo año voluntario) y combinan un
curriculum básico con conocimientos profesionalizantes que permiten el tránsito a hacia ciclos de grado medio". La oposición criticó la etapa creada bajo el argumento de que se va a
utilizar con fines estadísticos. "Es un fraude porque los que van por
esta vía no computan como fracaso escolar aunque no tengan el título de
la ESO", sostuvo Bereda, un argumento que repetirían otros. "¿Por qué si
las evaluaciones son tan estupendas (en referencia a las pruebas que se
harán en Primaria y Secundaria) no evalúan la FP?", se preguntó la
portavoz del PNV, Isabel Sánchez. "Porque es una enorme autopista por la
que titular y bajar el abandono", se contestó a sí misma.
¿Una reforma universitaria?
Respecto a la universidad, Wert reafirmó su deseo –público– de realizar una reforma.
El ministro lamentó que al adaptar sus planes al espacio europeo común
de Bolonia las universidades optaran por un modelo de cuatro años de
carrera más uno de máster cuando el estándar europeo son tres más dos,
circunstancia que ha provocado algunos problemas en la convalidación de
ciertos títulos y que seguro que no provoca la internacionalización de
los centros pretendida.
El ministro abrió la puerta a
que "de forma optativa y selectiva" algunos centros adapten algunos
grados, aunque admitió que, recién terminada la adaptación al nuevo
sistema, un cambio profundo "daría más problemas". El diputado de CiU
Martí Barberà se preguntó para qué sirve un proceso de
internacionalización que no funciona (Bolonia) y bajó al ministro a la
tierra respecto a sus pretensiones reformistas: "Queda un año y medio de
legislatura, no le van a dejar", zanjó.
Por último,
Wert invitó a los diputados a realizar "una reflexión" respecto a las
diferencias de las tasas universitarias entre las diferentes Comunidades
Autónomas desde que hace dos cursos el Gobierno les permitiera subir
sus precios dentro de una horquilla determinada (entre el 15% y el 25%
del precio real de la matrícula). Según Educación, mientras el precio
medio de un crédito ECTS en Galicia es de 11,9 euros –la Xunta no ha
subido los precios en dos años–, en Cataluña alcanza los 33 euros, una
subida del 66%. Pese a esta invitación, el ministro
sostuvo que el incremento del precio de las tasas no tiene "repercusión
alguna" en el número de alumnos universitarios: este curso ha habido
más, cuando la población en edad de serlo ha caído. "El impacto en la
matriculación no se da en el número de alumnos sino en el número de créditos porque no se los pueden permitir", cuestionó la socialista María Angelina Costa.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero, en eldiario.es
Comentarios
Publicar un comentario